Hace ya tiempo que se veía venir otro “recorte” —luego entenderán por qué entrecomillo la palabrita de marras— en los servicios públicos de Castilla y León. Finalmente, la semana pasada más de 300 empleados del ECyL —el servicio público de empleo de Castilla y León— recibieron su carta de despido. A pesar de las reiteradas negativas de la consejería de Economía sólo unos días antes. Para que se hagan una idea de la magnitud del tijeretazo, esos 300 trabajadores constituyen el 25% de la plantilla del ECyL.
De estas 300 personas, 70 llevaban trabajando desde el año 2003 con contrato por obra y servicio. ¡Casi 9 años contratados en fraude de ley! Algo muy rentable a la hora de despedir a esta gente ya que, en lugar de pagarles los 45 días por año trabajado, se les puede despachar con 8 días por año. La “buena” noticia para ellos es que este tipo de fraude implica que, de facto, son trabajadores indefinidos y que, juzgado mediante, tienen ganada la indemnización de mayor cuantía.
Sin embargo, lo más cojonudo del asunto son las razones esgrimidas por la Junta de Castilla y León para el despido: el sueldo de estos empleados venía de partidas presupuestarias estatales que la Junta ha dejado de recibir. Vaya, qué cabrón es el Estado, dirán ustedes. Pues no. Resulta que la Junta tiene prevista una partida de 12 millones de euros destinada a contratar los servicios de agencias privadas de colocación y empresas de trabajo temporal. Esto no va de “recortes”. Esto no va de ahorrar dinero. Esto es, amigos míos, un nuevo ataque a los servicios públicos con el único fin de ponerlos en manos privadas. Los más de 250.000 desempleados de la comunidad son un jugoso bocado al que los tiburones no pueden dejar de hincar el diente.
Es por esto que estos trabajadores —y otros muchos empleados públicos en precario— se han echado esta semana a la calle. Y es por todos ellos y por vosotros mismos que deberíais apoyarles.